El marco normativo que cambia: de dónde venimos
Durante décadas, el bienestar animal en España se rigió por una normativa fragmentada: la Ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos, la regulación autonómica dispar, y el artículo 337 del Código Penal reformado en 2015, que convirtió el maltrato animal en delito propiamente dicho. El resultado era un mosaico legal con lagunas importantes y protección muy variable según la comunidad autónoma.
La aprobación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales supuso un salto cualitativo: por primera vez, España cuenta con una ley estatal de rango ordinario que establece un marco mínimo de protección para animales de compañía en todo el territorio, reconoce a los animales como seres sintientes con intereses propios, y crea un sistema sancionador con multas de hasta 200.000 euros.
Las novedades más relevantes de la Ley 7/2023
La ley introduce cambios en múltiples ámbitos. Estos son los más relevantes para propietarios, veterinarios y operadores jurídicos:
- Sintiencia animal reconocida por ley: Los animales son reconocidos expresamente como seres sintientes, con intereses propios que el ordenamiento jurídico debe proteger. Esto tiene implicaciones directas en cómo se pondera su bienestar frente a otros intereses.
- Curso de tenencia responsable obligatorio para perros: Los propietarios de perros deberán acreditar la realización de un curso de tenencia responsable. Su implantación es progresiva y la normativa de desarrollo está pendiente de concreción en algunos aspectos.
- Prohibición de venta en establecimientos: Queda prohibida la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Solo puede realizarse a través de criaderos registrados, protectoras o particulares. La medida busca reducir la cría indiscriminada.
- Prohibición de corte de cola y orejas con fines estéticos: Ambas prácticas quedan expresamente prohibidas, con excepciones estrictas por motivos veterinarios terapéuticos. Supone un cambio relevante para ciertas razas de trabajo.
- Fin de las razas potencialmente peligrosas como categoría: La ley elimina el concepto de raza peligrosa, que se sustituye por un sistema basado en el comportamiento individual del animal. La RC sigue siendo obligatoria para todos los perros.
- Obligación de atención veterinaria: Los propietarios tienen obligación legal de proporcionar atención veterinaria cuando el animal lo necesite. El incumplimiento puede constituir infracción.
- Obligación de comunicación de maltrato para veterinarios: Los veterinarios que detecten indicios de maltrato deben comunicarlo a las autoridades competentes.
La Ley 7/2023 se aplica principalmente a animales de compañía: perros, gatos y hurones, con referencias a otros animales domésticos. No cubre animales de producción (con regulación propia en legislación agraria y de bienestar en explotaciones), fauna silvestre (regulada por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y normativa específica), ni animales usados en espectáculos o actividades reguladas por normativa sectorial. Las CC.AA. pueden ampliar la protección a más especies en su normativa propia.
Nuevas obligaciones: propietarios y veterinarios
Obligaciones del propietario
- Registrar al animal en el RIAC en los 3 meses desde la adquisición
- Acreditar el curso de tenencia responsable (perros)
- Contratar seguro de RC para el perro (todos los perros, no solo razas)
- Proporcionar atención veterinaria cuando sea necesaria
- No abandonar al animal bajo ninguna circunstancia
- No someter al animal a prácticas prohibidas (corte de cola/orejas estéticos)
- Mantener condiciones mínimas de bienestar (alimentación, espacio, socialización)
- No usar métodos de entrenamiento que causen sufrimiento
Obligaciones del veterinario
- Comunicar a las autoridades los indicios de maltrato detectados
- Reflejar en la historia clínica los signos compatibles con maltrato
- No realizar prácticas prohibidas sin justificación terapéutica (corte de cola, orejas, etc.)
- Acreditar la formación continua requerida por la normativa colegial
- Documentar adecuadamente los consentimientos informados
- Cumplir los protocolos de identificación y registro (microchip)
- No participar en actividades que impliquen maltrato animal
El régimen sancionador: multas de hasta 200.000 euros
La Ley 7/2023 establece uno de los regímenes sancionadores más contundentes en materia de bienestar animal de la historia legislativa española. Es importante conocerlo tanto para propietarios como para veterinarios.
| Nivel | Multa (persona física) | Multa (persona jurídica) | Ejemplos de conductas |
|---|---|---|---|
| Leve | 500 – 10.000 € | Hasta 30.000 € | No registrar al animal en el RIAC, no llevar el perro con correa en zona obligatoria, no recoger heces, incumplir requisitos de identificación |
| Grave | 10.001 – 50.000 € | Hasta 100.000 € | Abandono del animal, maltrato que cause sufrimiento sin lesiones permanentes, venta en establecimiento prohibido, sometimiento a prácticas prohibidas |
| Muy grave | 50.001 – 200.000 € | Hasta 200.000 € | Maltrato que cause muerte o lesiones permanentes, abandono en condiciones que pongan en riesgo la vida, organización de peleas de animales, reincidencia en infracciones graves |
Además de las multas, las infracciones muy graves pueden conllevar la inhabilitación temporal o permanente para la tenencia de animales. En el ámbito penal, el artículo 337 CP prevé penas de prisión de hasta 18 meses para el maltrato que cause lesiones que menoscaben gravemente la salud del animal.
Un mismo acto de maltrato puede generar tanto una sanción administrativa bajo la Ley 7/2023 como responsabilidad penal bajo el art. 337 CP. El principio non bis in idem impide la doble sanción en el mismo ámbito, pero la vía administrativa y la penal son independientes. En la práctica, cuando los hechos son graves, la Fiscalía puede intervenir aunque el expediente administrativo esté en curso.
Implicaciones específicas para veterinarios clínicos
La obligación de comunicar: una ruptura parcial del secreto profesional
La Ley 7/2023 establece que los veterinarios que detecten en su actividad profesional indicios fundados de que un animal ha sido objeto de maltrato tienen obligación de comunicarlo a las autoridades competentes. Esta obligación supone una limitación al secreto profesional veterinario en favor de la protección animal, siguiendo el modelo de la obligación de denuncia de maltrato infantil en el ámbito médico.
Lo que la ley establece concretamente:
- → Obligación de reflejar los signos detectados en la historia clínica del animal
- → Obligación de comunicar a las autoridades cuando los indicios sean fundados
- → El veterinario que comunica de buena fe queda protegido de posibles represalias
- → El incumplimiento de la obligación de comunicación puede constituir infracción administrativa
El papel del perito veterinario en los nuevos procedimientos
La Ley 7/2023, combinada con la normativa penal, amplía el escenario de intervención del perito veterinario en procedimientos judiciales y administrativos. Estas son las situaciones más frecuentes:
Procedimientos penales por maltrato (art. 337 CP)
El informe pericial veterinario determina si las lesiones son compatibles con maltrato, su antigüedad y mecanismo de producción, y si el animal recibió atención adecuada. Es la prueba técnica principal.
Expedientes sancionadores administrativos
En procedimientos iniciados por las autoridades bajo la Ley 7/2023, el propietario puede aportar un informe pericial propio que contraste las conclusiones del informe veterinario oficial o que acredite el buen estado del animal.
Valoración del animal para responsabilidad civil
Cuando el maltrato es imputable a un tercero (no al propietario), el perito veterinario tasa el valor del animal y los daños sufridos para cuantificar la reclamación civil derivada del delito o la infracción.
Procedimientos de decomiso cautelar
La ley facilita el decomiso del animal durante el procedimiento. El propietario puede necesitar un informe pericial para acreditar las condiciones de bienestar que permitirían levantar la medida cautelar.
Defensa del veterinario acusado de negligencia
Cuando un veterinario es denunciado por maltrato u omisión de cuidados, el perito veterinario de parte evalúa si la actuación fue conforme al protocolo clínico o si la denuncia carece de base técnica.
Acreditación del estado previo del animal
En procedimientos donde se disputa si el animal presentaba previamente una condición (por seguros, por compraventa, por herencia), el perito veterinario reconstruye el estado del animal a partir de la documentación disponible.
Una situación cada vez más frecuente desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 es el solapamiento entre una denuncia de maltrato animal y una reclamación por negligencia veterinaria. El propietario que denuncia a un veterinario por negligencia puede simultanear la vía civil (reclamación de daños) con la vía penal (denuncia por posible omisión del deber de cuidado). En estos casos, el informe pericial debe ser especialmente preciso al distinguir entre el daño derivado de la actuación veterinaria y el estado basal del animal, para que sirva eficazmente en ambas vías procedimentales.
Si eres propietario: qué debes hacer ahora
La entrada en vigor progresiva de la Ley 7/2023 implica un período de adaptación que no debe confundirse con ausencia de obligaciones. Estas son las acciones prioritarias para cualquier propietario de perro o gato:
- Verificar el registro del animal: Si tu animal tiene más de tres meses, debe estar identificado con microchip y registrado. Consulta con tu veterinario habitual si tienes dudas sobre el estado del registro en el RIAC de tu comunidad autónoma.
- Revisar el seguro de RC: La responsabilidad civil es obligatoria para todos los perros. Si ya tenías contratado un seguro de mascotas, verifica que incluye cobertura de RC.
- Conservar la historia clínica del animal: Ante cualquier incidente, la historia clínica es la documentación más importante. Pide copia de los registros veterinarios y consérvala.
- Documentar el estado del animal: Fotografías periódicas con fecha, facturas de veterinario y alimentación, registro de vacunaciones. Esta documentación protege al propietario en caso de denuncia infundada.
- Conocer los recursos disponibles: Si detectas maltrato de un animal ajeno, la obligación de comunicación se aplica también a cualquier ciudadano. La denuncia puede hacerse ante la Policía Local, Guardia Civil o servicios veterinarios autonómicos.